El ABC de Sevilla ha publicado hoy 23 de diciembre una Tribuna Abierta del gerente de GAESCO, Juan Aguilera, con el título: “La vivienda en España: derecho o un negocio para el Estado” que reproducimos a continuación:
La vivienda en España: derecho o un negocio para el Estado
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos sociales y económicos de España, y muy especialmente de Andalucía. Los precios continúan escalando, la oferte no crece al ritmo necesario y los jóvenes ven cada vez más alejado el momento de emanciparse. Mientras tanto, la producción de vivienda nueva se reduce, los proyectos se ralentizan y la tensión social aumenta alrededor de un derecho constitucional -recogido en el artículo 47- que cada día es más difícil de proporcionar.
En este debate, solemos hablar del coste de los materiales, de la financiación, de la burocracia o de la falta de suelo finalista. Pero existe un factor determinante que explica por qué la vivienda es tan cara en España: la fiscalidad. Y, sorprendentemente, es un elemento que rara vez ocupa el centro de la discusión pública, a pesar de que condiciona de forma directa tanto el precio final como la capacidad de generar nueva oferta.
Según el informe “La fiscalidad de la vivienda en España” publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la carga fiscal que soporta la vivienda en España asciende al 30,3% del precio final., frente al 6,5% de la media del resto de los países desarrollados, es decir casi 5 veces superior pero no solo somos el país con la fiscalidad más alta de Europa, sino que también somos el segundo del mundo detrás de Canadá por lo que estos datos tan concluyentes deberían hacernos reflexionar seriamente sobre el grave problema que tenemos.
Y es que la vivienda en España está gravada en todas y cada una de las fases del ciclo inmobiliario entre los que se encuentran a título de ejemplo, el Impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales, el IVA, el ICO, el IBI, el ADJ, las plusvalías municipales y numerosas tasas urbanísticas y administrativas, todo lo cual hace que una parte muy relevante del precio que paga un comprador sea puro impuesto.
La recaudación fiscal del Estado vinculada a la vivienda, según los datos del propio alcanza ya los 52.200 millones de euros al año, equivalente al 3,5% del PIB, con el agravante de que solo destina a políticas de vivienda el 0,4% del PIB lo cual evidencia de forma clara que el Estado Español también se sitúa en el grupo de países europeos que menos recursos económicos destina a la vivienda debiendo significar que los datos relativos al alquiler también corroboran esta avaricia fiscal que represente el 44% de la renta percibida frente al 16% de los países europeos.
A la vista de todo ello no es exagerado decir que la vivienda en España se ha convertido más en un negocio para el Estado que en un derecho ciudadano.
Esta fiscalidad excesiva tiene efectos muy concretos: reduce la producción de vivienda nueva, dificulta la rotación del parque y la movilidad residencial, encarece el acceso y golpea especialmente a los jóvenes y las familias con menos recursos.
Cuando miramos a otros países europeos con mercados de la vivienda más dinámicos y accesibles, encontramos un denominador común: una fiscalidad más moderada, más neutral y orientada a favorecer la oferta de forma que la solución al problema de la vivienda que padecemos no llegará sin una revisión profunda del marco fiscal.
No se trata de eliminar impuestos, sino de diseñarlos con coherencia, proporcionalidad y visión de futuro. Algunas líneas de actuación posibles, recogidas en el análisis del IEE y plenamente alineadas con lo que desde Gaesco venimos defendiendo, son los siguientes: reducir impuestos sobre transacciones inmobiliarias (especialmente ITP y ADJ), impulsar incentivos fiscales al alquiler, actualizar los valores catastrales con criterios transparentes, eliminar o ampliar la reducción en Sucesiones para vivienda habitual, reformar las plusvalías -ajustándolas íntegramente por inflación y evitando la doble imposición- y reestablecer las bonificaciones que tuvieron las tasas de licencias, el ICIO, las plusvalías y el IBI, sobre todo en la rehabilitación de las viviendas y en las de precio asequible de nueva planta.
Estas medidas no sólo aliviarían la carga fiscal, sino que activarían la inversión, aumentarían la oferta y facilitarían el acceso a la vivienda para miles de jóvenes que hoy ven su futuro hipotecado antes de empezar.
Si queremos resolver el problema de la vivienda, debemos empezar por reconocer dónde está uno de los principales cuellos de botella; un sistema fiscal que penalizar la construcción, la transmisión y el uso de la vivienda, que encarece artificialmente los precios y dificulta que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, puedas acceder a un hogar.
Desde Gaesco seguiremos defendiendo un sector capaz de general vivienda asequible, sostenible y de calidad. Sólo necesitamos que la fiscalidad deje de ser un freno y se convierta en una palanca eficaz para el desarrollo económico y social del país.
