En la misma expuso algunos de los obstáculos que impiden el acceso a las nuevas viviendas por parte de la población, fundamentalmente, joven. Entre ellos señaló la enorme carga fiscal que soporta el precio final de la nueva vivienda, hasta un 30,3%, o la falta de seguridad jurídica en la vivienda de alquiler.
En su intervención comentó los elementos positivos que introduce el anteproyecto de la Ley de Vivienda Andaluza, sobre todo la iniciativa de poder aumentar la densidad de los suelos siempre que se destinen a vivienda protegida, lo cual favorece a los jóvenes que están demandado viviendas más pequeñas, incluso reducirles las dotaciones que se requieren legalmente si en el ámbito de los suelos ya se disponen de ellas.
En cuanto al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que está preparando el gobierno central mostró su rechazo a que las nuevas viviendas de protección oficial tengan que mantener de por vida esta calificación, sobre todo si no se ayuda a los compradores. GAESCO defiende que la protección oficial de la vivienda se gradúe en función de las ayudas que reciba de la administración.
